¿LEGISLARÁ EL NUEVO CONGRESO DE CARA O DE ESPALDA A LA PAZ?

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Luego de los resultados de las elecciones del pasado 11 de marzo, la pregunta que surge es si la paloma de la Paz seguirá alzando vuelo o se vendrá a piso en caída libre.

Un poco más de 17 millones de colombianos acudieron al llamado de las urnas; con sus votos eligieron a los 266 senadores y representantes a la Cámara quienes conformarán el nuevo Congreso de la República para el 2018 - 2022.

El Congreso que termina su periodo el próximo 20 de julio quedó en deuda con el país en materia de Paz, así lo reconoce Ariel Ávila, analista político y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien además afirma que “casi el 90% de los acuerdos de paz en materia jurídica no se aprobaron”.

Por el momento, por como quedó conformado el órgano legislativo, con una fuerza mayoritaria de partidos políticos catalogados de derecha, pareciera difícil que en el próximo Congreso se dé la aprobación de las leyes que quedaron pendientes para darle viabilidad a la Reforma Rural Integral, a la Participación Política, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otras que le dan estabilidad al Acuerdo de Paz y, de paso, que abonan a la confianza para la continuidad de los diálogos con el Eln.

Una primera lectura de los resultados electorales puede dejar para algunos la sensación de un panorama difícil, sin embargo y a pesar que el nuevo Congreso tiene buena presencia de un sector de la derecha que se ha mostrado contraria al cumplimiento de lo acordado con los excombatientes de las Farc, lo paradójico es que nunca antes en la historia republicana del país se había conformado un bloque de fuerzas independientes que suman el 20 % del Senado de la República.

Esas voces disonantes que se espera argumenten en nombre de la Paz durante los próximos cuatro años llenan de esperanza. En ese escenario político que se vislumbra, el nuevo Congreso tiene la responsabilidad de reformarse a sí mismo para “actualizar las políticas del país. Ir hacia el país del siglo XXI tiene que significar de alguna forma una transformación en la cultura política del Congreso”, con la que se logre superar ese pensamiento que lo caracterizó en el siglo pasado en la apuesta por la guerra, explica Jesús Darío González, coordinador de investigaciones de la Fundación Ciudad Abierta.

Si bien es cierto que en lo relacionado con la Paz el camino es espinoso, las 24 curules obtenidas por los partidos de izquierda y de centro izquierda hacen posible, contra todo pronóstico, que se junten voluntades a favor de las políticas que construyan las bases para dejar atrás el pasado de más de medio siglo de conflicto armado en Colombia.

A ese bloque alternativo que surgió se le suman aquellos “sectores de los partidos tradicionales que han jugado frecuentemente hacia un proyecto de Paz y reconciliación”, sostiene González. En ese escenario hay que tener en cuenta a quienes militan en partidos como el Conservador y Cambio Radical en los que hay matices y sería precisamente con ellos con quienes podría formarse una coalición por la Paz.

Así como están las cosas, hay logros; quizás no en las mejores condiciones para la construcción de Paz, pero el país tiene en el nuevo Congreso un sector con quien defender los avances que permitan la reconciliación.

En el momento que vive el país el respaldo de los colombianos y colombianas se hace cada vez más necesario para consolidar una apuesta por la Paz, lo cual dependerá en gran medida de que las ciudadanías no solo cumplan con la tarea elegir una representatividad al de acudir a las urnas, sino que acompañen e incidan en la gestión de políticas para que la democracia abra espacios para una mayor participación de las comunidades que permita construir la Paz desde abajo, desde los barrios y veredas, protegiendo así la democracia de triquiñuelas malsanas que corrompen la vida social y política del país.

 

Observatorio de Realidades Sociales 

 

Esta ciudad se encuentra enfrentada de manera directa, como la mayoría de poblaciones en Colombia, a las políticas arrasadoras del Estado que, con su concepción de un modelo desarrollista ya fracasado, solo vela por la defensa de los intereses del gran capital.

Desde el año pasado, un sector de la comunidad caleña lleva a cabo un proceso de resistencia para preservar el humedal El Cortijo (ubicado en la vía Cali - Jamundí), con lo cual se aspira a detener las obras de construcción de la terminal del sistema de transporte masivo (MIO) y la pavimentación de 63.300 M2l

Lamentablemente, la destrucción ha comenzado en el cinturón ecológico del río Lili, que es como un hotel de verano para las aves migratorias, además de un laboratorio ecológico para los niños de la ciudad. Y es que Cali se reconoce a nivel mundial, no solo por ser la capital de la salsa, sino por ser la ciudad de las aves. Por eso muchos biólogos y ambientalistas se declaran alarmados por la amenaza de pavimentar un humedal como el Cortijo, donde existen alrededor de 109 especies de aves residentes, que representan aproximadamente el 13 % de las especies registradas en el Valle del Cauca (818 especies).

Además de la rica variedad en aves, en este mismo ecosistema habitan guatines, armadillos, ardillas, chuchas, murciélagos, mariposas y otros insectos. Se afirma también que es posible encontrar conejos, incluso, con avistamiento de zorro cañero; dos especies de peces, culebras y anfibios. Fuera de lo anterior, “[…] Con las obras de la Terminal Sur del Mío, serán cerca de 300 árboles los que se tendrán que talar para levantar la estructura en 3.4 hectáreas […][1]. Sobre esto se debe tener presente que la comunidad afirma que pueden ser muchos más árboles, toda vez que no se hizo un inventario de los mismos.

Pero no sólo se trata del grave daño al ecosistema, también se debe tener presente el aspecto arqueológico, que tampoco se ha tenido en cuenta para la construcción del terminal de transportes del MIO. Al respecto dice una funcionaria que no revela su nombre: “El ICANH es un instituto que debe velar por la conservación de nuestro patrimonio arqueológico; Metrocali no tuvo en cuenta que esta zona es de alto nivel de importancia arqueológica y con el levantamiento por parte del ICANH dejó desprotegida la zona, ya que incluso estos estudios debieron ser previos a los diseños finales de la obra, es decir, no se puede diseñar hasta no estar totalmente seguros que en la zona no hay restos arqueológicos […]; lo que demuestra la poca importancia que le dan a nuestro patrimonio ancestral”.

En cuanto a la resistencia de la comunidad por impedir la desaparición del humedal, y la respuesta de la en cabeza del alcalde Maurice Armitage, la lideresa Luz Stella Lenis afirma:  “[…] hasta la fecha del 18 de junio de 2017 no se conocía por muchos sobre el humedal, solo unas cuantas personas […] El 20 de julio 2017 en horas de la mañana se instala la carpa por la comunidad; las lágrimas surgen al recordar que este es el día de la independencia de nuestro país […] y donde se gesta el grito de libertad de este Valle sagrado y el bosque seco tropical y el humedal. Una libertad merecida por ser patrimonio histórico ambiental, porque fue en este lugar que habitaron los indígenas Lilies y los Piedras, donde lo españoles los masacraron por defender estas tierras […] Entre las personas que han liderado se encuentran Ricardo Rincón, el corazón de la carpa, incansable guerrero, Rocío Ruiz, presidenta de la JAC Valle del Lili, Román Díaz, su vicepresidente, y así, innumerables y valiosas personas que se han comprometido con el proceso […]”.

Después de múltiples reuniones, marchas, plantones, acciones jurídicas, el 24, 25, 26 y 27 de agosto 2017, a las 4:00 a.m., el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fue enviado para agredir y reprimir a la comunidad, utilizando perdigones, gases lacrimógenos y hasta armas de fuego. Durante esos días se llevaron a tres compañeros de manera ilegal, reteniéndolos por varias horas; ante semejante atropello, algunos habitantes se encadenaron a los árboles como símbolo de rechazo al tratamiento represivo por parte de la municipal.

Teniendo en cuenta estos testimonios, y corroborando que los entes de control se colocan al servicio de los intereses del capital, en contravía de los derechos de la naturaleza y de sus gentes, cabe preguntarse: ¿cómo hacer entonces para que una ciudad se desarrolle? ¿En qué consiste el denominado progreso que tanto nos han vendido?

Para tratar de dar respuesta a estos interrogantes, vale la pena mencionar que la idea de “desarrollo” y “progreso” fue ofrecida por los países hegemónicos a comienzos de la segunda postguerra (mediados del siglo XX), y para ello diseñó todo un discurso sobre conceptos como “desarrollo”, “subdesarrollo”, “Tercer Mundo”, etc. Así las cosas, América Latina entró en una suerte de “carrera” por alcanzar los niveles de lo que los poderosos llaman desarrollo. Sobre esto vale la pena retomar la declaración de Naciones Unidas cuando dice: “Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico” (1951, 15).

Quizá esta declaración nos permite comprender un poco qué es lo que está pasando no solo en Cali, sino en todo nuestro país, donde precisamente con las ideas de “progreso” y “desarrollo” se está exterminando la biodiversidad y la cultura de nuestros pueblos, anteponiendo el apetito voraz del capital.

Por ahora, la lucha de la comunidad continúa y seguirá creciendo.

 

Silvia María Salazar Giraldo

Observadora ciudadana

 

Para tener más información sobre la ubicación del humedal, puede consultar la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?v=eJ9sDXGg8kI.

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