PROCESO DE LA HABANA Y PAZ TERRITORIAL, EN PERSPECTIVA DE CALI COMO CIUDAD REGIÓN

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Las negociaciones de paz de La Habana se distancian y se diferencian de otras experiencias ocurridas en el país, en varios aspectos o elementos, a saber; el primero, el reconocimiento de las víctimas y la imperiosa necesidad de asegurar niveles razonables de verdad, justicia, reparación y no repetición. El segundo aspecto, tiene que ver con la existencia de una Agenda concreta de seis puntos. Un tercer elemento, está dado en que los diálogos se desarrollan sin el despeje de territorios tal y como sucedió con la experiencia del Caguán; y un cuarto aspecto, que guarda relación con la noción de Paz Territorial. Sobre este último elemento, gira esta reflexión.

 

Sobre esa perspectiva de Paz Territorial, el país debería y podría avanzar hacia la construcción de escenarios de posacuerdos[1], siempre y cuando se firme el fin del conflicto armado entre las Farc y el Estado colombiano.

 

La construcción y consolidación de escenarios de posacuerdos, en perspectiva de Paz Territorial, significa e implica reconocer que los efectos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos que dejan los enfrentamientos entre las guerrillas y el Estado no han sido homogéneos en todas las regiones, es decir, hay zonas y territorios que han sido especialmente golpeados por las dinámicas de un conflicto armado que jamás alcanzó el carácter nacional.

 

Consecuente con la naturaleza de un conflicto armado interno que jamás alcanzó el carácter nacional, en las negociaciones de paz que se adelantan en territorio cubano se habla de paz territorial, esto es, una idea de paz diferenciada en consonancia con una realidad: el conflicto armado y sus dinámicas tuvieron disímiles expresiones y efectos en territorios, circunstancias estas que hacen pensar en la construcción de una paz igualmente diferenciada y a tono con necesidades particulares.

 

La paz se construye desde los territorios que más han sufrido la guerra”[2] ha dicho en reiteradas ocasiones  Sergio Jaramillo, miembro de la Comisión del Gobierno que dialoga y negocia con los miembros de las Farc. No se trata de una frase más. Es, por el contrario, el norte de los escenarios de posacuerdos y posconflicto que se puedan concebir, implementar y consolidar, después de la firma del acuerdo con el que se pondrá fin al conflicto armado interno.

 

Mirada y entendida como una estrategia para la implementación de los acuerdos a los que lleguen el Gobierno de Santos y la cúpula de las Farc, lapaz territorialdemandará no sólo el fortalecimiento del Estado en las regiones en donde las dinámicas del conflicto afectaron la vida de comunidades campesinas, afro e indígenas, entre otras, sino el reconocimiento político de los enormes daños que de tiempo atrás viene dejando el centralismo bogotano. No somos el país descentralizado que muchos promulgan.

 

De no lograrse un redireccionamiento en la misión del Estado central, en relación con las demandas y realidades particulares de cada región, lo acordado en la mesa de La Habana no logrará implementarse y por ese camino, la paz se alejará como propósito político de reconciliación y de no repetición de los errores y de los crímenes cometidos en el pasado, que coadyuvaron a la expansión del conflicto armado interno.

 

Se va a necesitar que el Estado colombiano, débil, precario, cooptado y capturado por disímiles mafias clientelares y élites de poder incapaces de guiar los destinos de la Nación, se transforme en un orden social, político, económico y cultural acorde con las exigencias que lo acordado en La Habana demanda, en aras de consolidar la paz y la convivencia en todo el territorio nacional. Ese es y será el gran reto que desde las regiones se deberá emprender, claro está, con el concurso decidido de un “nuevo” centralismo bogotano.

 

La élite bogotana debe aceptar que falló en la guía de un Estado que no logró consolidarse en todo el territorio y que coadyuvó, en buena medida, a mantener una idea de regiones diferenciadas, con el claro propósito de impedir la consolidación de un proyecto de Nación incluyente. Claro que las élites regionales también aportaron a la consolidación de un país de regiones que en lugar de compartir mitos fundantes en torno a una idea de ser colombiano, parecen compartir, sin mayor repudio, un ethos mafioso que ha contaminado la función pública, desde muy precisos intereses privados.

 

Dice el propio Enrique Santos Calderón,  que “no habrá transición hacia una paz estable y duradera si no se apoya en pactos políticos locales, regionales y nacionales y en amplios consensos sociales…[3]. ¿Tendrán las élites locales y regionales, incluyendo la bogotana, la capacidad para entender que una paz territorial demandará de ellos fuertes sacrificios para consolidar en sus territorios modelos de paz acordes con viejas demandas sociales y con las que acompañen la estructura discursiva de los acuerdos finales de La Habana? Esa es una pregunta que muy seguramente servirá para medir el talante democrático y el liderazgo de unas élites sobre las que recaen responsabilidades en el surgimiento y en la extensión en el tiempo del conflicto armado interno.

 

Así entonces, lapaz territoriales, desde ya, la oportunidad para que grupos de poder, de interés y élites sean capaces de redireccionar y cambiar el destino de ese “nuevo barco” que llamado Colombia, se está reconstruyendo en ese astillero de La Habana; serán co-responsables tanto del naufragio, como del mantenimiento a flote de esa embarcación que lleva en su carga las llaves de la paz en perspectiva territorial. Amanecerá y veremos. Lo claro es que el camino hacia la consolidación de una paz estable y duradera, estará lleno de trabas, obstáculos, enemigos y detractores. No será fácil.

 

Y no será fácil en la medida en que el componente de seguridad será definitivo para la implementación de los acuerdos de paz. Y no me refiero exclusivamente a la seguridad que brinden las fuerzas armadas estatales, sino a condiciones democráticas asociadas a la seguridad alimentaria, la participación política y el ejercicio seguro de derechos y libertades ciudadanas. 

 

Por ello, la idea de unapolicía rural, de la que puedan hacer parte guerrilleros desmovilizados, será clave para reelaborar o recomponer los lazos sociales y las prácticas culturales que el conflicto armado interno y los actores armados afectaron negativamente. Mientras esapolicía ruralcumple esas y otras funciones, le corresponderá a las fuerzas militares continuar combatiendo a grupos de narcos, paras y disidencias guerrilleras que intenten copar los territorios y continuar con actividades ilícitas y criminales (minería ilegal, contrabando y  narcotráfico, entre otras)[4].

 

Cali, ciudad región en perspectiva de paz territorial

 

Como centro de poder económico y político del sur occidente, la ciudad de Cali debería de jugar un papel definitivo en la construcción de escenarios de posacuerdos en perspectiva de paz territorial, en la medida en que la capital del Valle del Cauca, es una de las principales ciudades receptoras de desplazados, debido a las acciones y las decisiones tomadas por los actores armados enfrentados en territorios en disputa, localizados en Nariño, Cauca y el Chocó.

 

La pregunta es: ¿está la ciudad, políticamente, preparada para asumir un papel protagónico en una eventual fase de posacuerdos? Creo que no. Y la respuesta negativa está dada en la manifiesta debilidad y el desinterés de sus élites empresariales, sociales y políticas, para semejante reto. La atención a la población desplazada que ha llegado a Cali (Según el RNI -Red Nacional de Información- a diciembre del 2014 se han recibido 135.002 personas) es un factor que dice bastante de la capacidad operativa e instalada de la ciudad y del interés de las élites políticas y económicas, para hacer frente a una grave situación humanitaria, que viene a hacer aún más difícil las circunstancias de pobreza y marginalidad que de tiempo atrás la “sucursal del cielo” afronta.

 

Se requerirá de un gran pacto político para hacer que la ciudad asuma la paz territorial como un asunto prioritario, en la medida en que el desplazamiento forzado, como consecuencia de las hostilidades y las dinámicas de la guerra interna, se viene constituyendo en un factor de riesgo y de conflicto para los caleños.

 

Asumir un papel activo y consecuente con las condiciones de una paz territorial, exige que las élites caleña y vallecaucana, dialoguen con sus similares de Nariño, Cauca y Chocó, con el fin de exigirle al Estado central, un tratamiento regional, en la medida en que hacerlo de manera individual, por departamento, terminaría por dejar a la ciudad de Cali por fuera de las acciones que el Estado nacional deberá emprender para asegurar condiciones para el establecimiento de escenarios de posacuerdos y con el tiempo, de posconflicto.

 

Lo anterior exige el compromiso político, la capacidad y el interés de los diputados, concejales, alcalde y gobernador, que resulten electos el 25 de octubre de 201[5], para presentar ante el Gobierno central proyectos de desarrollo y acciones encaminadas a asegurar escenarios de posacuerdos y posconflicto, en la perspectiva de una paz territorial regional(del suroccidente), articulada a partir de las demandas de una ciudad que como Cali, viene recibiendo ciudadanos expulsados de Nariño, Cauca y Chocó, debido no solo al escalamiento del conflicto, sino a las expectativas de vida que exhibe Cali, como epicentro de desarrollo del suroccidente colombiano.

 

Lo anterior demanda un liderazgo político que, en las actuales condiciones de la ciudad y el departamento, los candidatos a la alcaldía y la gobernación no exhiben de manera clara y en la perspectiva planteada aquí. Esto es, la búsqueda de recursos y la implementación de acciones para asegurar una paz territorial regional, que le dé a Cali un lugar protagónico en la consolidación de escenarios de posacuerdo y  posconflicto y, por esa vía, le garantice a la población en situación de desplazamiento que han llegado a Cali, la atención prioritaria, digna y humana que su condición demanda. No se trata de replicar el modelo centralista bogotano, en esta región del suroccidente. No. De lo que se trata es de pensar una región golpeada de disímiles maneras por las dinámicas del conflicto armado interno.

 

La crisis programática e ideológica de los partidos tradicionales y la poca claridad política de los movimientos políticos recientemente creados, hacen improbable que desde las direcciones de dichas colectividades, se puedan presentar candidatos a las alcaldías de Cali, San Juan de Pasto y Quibdó, y a las gobernaciones del Valle, Pasto y Chocó, que tengan como metas diseñar escenarios de posacuerdos, en perspectiva de paz territorial regional.

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

[2]Tomado de Santos Calderón, Enrique. Así empezó todo. El primer cara a cara secreto entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Bogota, Intermedio Editores, 2014.  p. 128.
[3]Tomado de Santos Calderón, Enrique. Así empezó todo. El primer cara a cara secreto entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Bogota, Intermedio Editores, 2014.  p. 129-130.

 

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