LA DEUDA CON EL PACÍFICO

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DEUDA
En medio de tantos retos que tiene el país, hay uno prioritario que motiva a la pregunta sobre el compromiso que el nuevo mandatario de los colombianos, señor Iván Duque Márquez, deberá asumir con el Pacífico colombiano, siendo esta una región estratégica que sufre los olvidos de quienes administran, sentados desde la capital, las violencias de la desigualdad social y las disputas entre grupos armados que buscan tener el control del narcotráfico y de la minería.

Se debe tener en cuenta que con estos dolores del Pacífico, denunciados de diferentes maneras por sus comunidades, ha coexistido la de proyectos de “desarrollo” que, con el visto bueno de los entes de control, han extraído por décadas las riquezas de la región sin reconocer en sus habitantes a los primeros administradores y beneficiarios de la misma. De ahí que el Pacífico, fuera de ser golpeado fuertemente por la desigualdad, la violencia y el narcotráfico, también resulte sacudido por las fuerzas del extractivismo, que hieren a las poblaciones y a la casa común, dejándolas en un estado de exclusión, vulnerabilidad y zozobra.

Los fuertes golpes a esta región también se dejan sentir en la persecución a líderes sociales y en el desplazamiento que sufren las comunidades por las confrontaciones entre los actores armados. Según informe de Indepaz, en el primer trimestre de 2018 fueron asesinados en el Pacífico 19 líderes sociales; en el último mes, la violencia también se ceba de manera particular en la región del Naya, corredor estratégico del narcotráfico, donde sus pobladores se están viendo gravemente amenazados luego de la desaparición de cuatro miembros de la comunidad.

En consecuencia, los desplazamientos, los corredores de droga, las luchas entre grupos armados, el asesinato de líderes sociales, la pobreza, las desigualdades y la exclusión social, entre otras, terminan siendo realidades que se entrecruzan y se convierten en el día a día de la región.

Ahora bien, la reacción ante estas situaciones deja ver que se actúa para “calmar la tempestad”, más no para mejorar las condiciones. Durante el paro cívico de Buenaventura, por ejemplo, se volcó a la Fuerza Pública hacia esa zona del país y lo mismo se hizo cuando asesinaron a los periodistas del Ecuador en Tumaco; dos casos totalmente distintos con una misma respuesta que deja ver que las medidas militares, de disuasión o represión, terminan siendo acciones dispersas, con poca incidencia y de gran afectación, que no se conduelen objetivamente con la realidad de la región y sus comunidades.

Importante entonces que el gobierno del presidente Duque supere la anquilosada idea de la seguridad como sinónima, única y exclusiva, del pie de fuerza, toda vez que aquella no consiste tanto en tener soldados, como sí en garantizarle a las poblaciones vida digna y bienestar. Así las cosas, garantizar la seguridad es que, además de la presencia de la Fuerza Pública, única legalmente constituida para tener el control de las armas, haya, como es debido, la suficiente inversión social que posibilite un desarrollo pluridimensional con enfoque étnico, construido desde las comunidades y pueblos que habitan la región.  

Máxime si se tiene en cuenta que la ausencia del Estado en el Pacífico ha permitido la entrada de mafias mexicanas que establecen negocios con actores armados, instaurando control territorial y “poder disperso” con cabecillas poco visibles, que determinan las relaciones en el territorio, incentivan las economías ilegales y se camuflan con negocios legales que impactan negativamente en la cultura de pobladores rurales y urbanos. De ahí que parte de la naturalización de lo ilegal y de que esto haya entrado a formar parte del modus vivendi de pobladores que ingresan a alguna de las cadenas de esas economías, tenga que ver con el excesivo centralismo y prolongado vacío estatal.

Para afrontar esta situación se hace prioritario asumir la responsabilidad por elabandono social que ha sufrido el Pacífico y ser consecuentes con una deuda que no se ha saldado. Para ello es necesario superar la forma acostumbrada para salir al paso de las críticas, queriendo mostrar que son los campesinos, indígenas y afrodescendientes los directos responsables de que haya presencia de grupos armados en los territorios o que, por ejemplo, no sea posible avanzar en acciones como la sustitución de cultivos ilícitos.

Lo cierto es que la voluntad de pasar de lo ilegal a lo legal existe, pero no puede decírsele a las comunidades que arranquen la mata de coca como condición para la inversión social. A este respecto vale la pena preguntarse, ¿a quién corresponde tomar la iniciativa para cuidar y garantizar la vida? Las garantías ciertamente deben ser reales, concretas, consistentes y sostenibles, mediante lo cual se accionen medidas que potencien lo legal y contrarresten la marcha de lo ilegal en los territorios.

En consecuencia, asumir la responsabilidad para pasar de lo ilegal a lo legal es un gran desafío en el Pacífico. Para ello será vital responder a las causas estructurales que ha dejado a la región a expensas del abandono económico y social, servida a la presencia de grupos armados y mafias. Esto supone una mirada pluridimensional en el uso y acceso de la tierra, en el fortalecimiento de medios de producción sostenible y amigable con la casa común, y en las garantías de protección e inclusión de las comunidades, que les posibilite hacer parte de las decisiones y del rumbo de sus territorios.

La pregunta es: ¿hasta qué punto el gobierno de Iván Duque estará dispuesto a descentralizar, sanar los olvidos sociales, recuperar la confianza de las comunidades y garantizar el buen vivir en el Pacífico colombiano?

   


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